Importa muy poco el color de quien gobierne. La ciudadanía continúa siendo rehén del encontronazo entre el derecho al

libre tránsito y a la manifestación de las ideas. El viernes 22 de marzo empezaba la Semana Santa y hubo un bloqueo

total de la Autopista del Sol que conecta Acapulco con la Ciudad de México. La interrupción del tráfico duró nueve horas

y lo comento por ser uno de los casos límite de una realidad desatendida que padecemos cotidianamente y que está

haciéndose insoportable. Como los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado

de Guerrero (Ceteg, que es parte de la CNTE) ya no inquietaban al gobierno estatal perredista con la toma de edificios

públicos, se lanzaron a interrumpir el paso de la autopista federal. Hora tras hora, miles de infortunados padecieron el mal

tino de caer en la ratonera vial. La medida les funcionó a los maestros: humillaron al gobierno estatal porque ganaron los

salarios caídos y la creación de una comisión que los evaluará localmente, lo cual es un reto frontal a la reforma educativa

nacional. Paso por alto la dudosa legitimidad de los reclamos del magisterio guerrerense y la afectación de los derechos

a la educación de la infancia de aquella entidad para centrarme en un ángulo ignorado: los miles de ciudadanos varados

fueron abandonados a su suerte por las autoridades de todos los niveles. Ni Protección Civil federal ni estatal acudieron

a su auxilio llevándoles, por ejemplo, agua y alimentos o estableciendo servicios médicos para los casos urgentes. La

Comisión Nacional de los Derechos Humanos tampoco se interesó en el asunto pese a ser una vía federal, y la del estado

de Guerrero ni siquiera incluyó el tema en su página de internet. La prioridad de estas comisiones es garantizar su

presupuesto y dejan que las víctimas se las arreglen como puedan. No estamos ante un hecho aislado. Cualquier inconforme

sabe que la manera más expedita de recibir la atención de la autoridad es ocupando una oficina, una calle o una

carretera. El método es infalible porque forma parte de una cultura cívico-política acostumbrada a la ocupación temporal o

permanente de los espacios públicos. Pongo algunos ejemplos. Los restaurantes que invaden la banqueta o las empresas

que canalizan calles imitan a su manera a la poderosa TV Azteca que con bastante frecuencia invade con automóviles

una lateral del Periférico Sur. Las autoridades de todos los estamentos hacen exactamente lo mismo. Muy cerca de TV

Azteca -pero en la acera de enfrente- está una de las sedes de la Policía Federal. Hace años se instaló e inmediatamente

se apropió de un carril del Periférico, los vecinos de esa zona padecimos durante años los estrangulamientos causados

por patrullas o vehículos de transporte estacionados. Hace un par de semanas documenté que la Secretaría de Desarrollo

Urbano y Vivienda autorizó la entrega de un espacio público en Coyoacán a una constructora a la que luego intentó

extorsionar el delegado Mauricio Toledo, mientras Miguel Ángel Mancera se hacía -y se hace- el desentendido. El desdén

oficial es indicativo del ínfimo lugar que les merece una ciudadanía obligada a tolerar las ocupaciones de los espacios públicos.

Ninguna autoridad se ha preocupado en serio por estas víctimas del urbanismo salvaje. La Comisión de Derechos

Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha tocado muy tangencialmente este choque entre derechos. A raíz del bloqueo de

Paseo de la Reforma con que se protestó por el fraude de 2006, la CDHDF recibió 904 quejas ciudadanas. En noviembre

de aquel año sacó una recomendación en la cual pedía al gobierno capitalino que resolviera el choque de derechos, ésta

fue ignorada. En 2010, Luis González Placencia reiteró otra vez la conveniencia de que el gobierno capitalino generara

“criterios para que quienes quieren hacer uso de su derecho a manifestarse puedan hacerlo, sin afectar a quienes quieren

hacer uso de su derecho al libre tránsito en la ciudad de México”. También fue ignorado. Dada la frecuencia con la cual

se toman espacios públicos en la capital, ¿no consideraría la CDHDF ocuparse de oficio? Por ahora, sólo Michoacán y el

Estado de México están anunciando que discutirán leyes para resolver el dilema creado por quienes tienen el derecho a

protestar y quienes desean transitar en libertad. La única solución que a veces funciona es que los medios tomen el asunto.

Pero el escándalo debe ser razonablemente estruendoso si se quiere tener éxito. La Policía Federal liberó la lateral

ocupada cuando el diario Reforma publicó en primera plana un reportaje con fotos. La denuncia en medios tiene límites

porque no hay espacio para atender todas las invasiones generalizadas de espacios públicos. Esta semana se multiplica

el tráfico por las carreteras nacionales. Dadas las posibilidades de bloqueos en diversas regiones los viajeros deberían

cargar raciones de alimentos y agua. En este tema la autoridad vive bloqueada.

Lic. cesar camacho quiroz

PARTE 1

COLOSIO VIVE EN LA TRANSFORMACIÓN DE MÉXICO